viernes, 27 de diciembre de 2013

“Nuevas” reglas de regulación para el sector eléctrico (Septiembre de 2012)

Este es un extracto de un artículo que publiqué en septiembre de 2012 (Carta Energética, Año IV Nº14, Montamat & Asociados) sobre los cambios de ese momento en la política energética, particularmente la eléctrica. El artículo completo está aquí: http://energonomista.blogspot.com.ar/2013/04/la-nueva-politica-energetica-en-por.html

“Nuevas” reglas de regulación para el sector eléctrico
El gobierno nacional se apresta a cambiar las reglas de regulación del sector eléctrico. Las principales aristas del nuevo esquema, según lo publicado en diversos medios de prensa, serían las siguientes:
1.      Se analizará la situación de todas las empresas y habrá un reordenamiento tarifario diferenciado por regiones geográficas.
2.      Las tarifas deberán ser “competitivas” para apuntalar a las industrias y atender la inclusión social de los sectores de bajos recursos.
3.      Los ingresos de las empresas se definirán en función de los costos y los niveles de eficiencia e inversión tecnológica de cada una.
4.      La redistribución incluirá una tasa de “ganancia razonable” que será establecida por la comisión reguladora.
5.      CAMMESA tendrá dos tareas relevantes:
a.      Será la única proveedora de combustibles para las usinas térmicas. YPF se encargará del suministro y la importación de gasoil, fuel-oil y el gas que demanden las generadoras.
b.     Se transformará en una recaudadora integral de todas las operaciones y movimientos comerciales del sistema. Las distribuidoras y transportistas deberían girarle todos sus ingresos y después recibirían las remuneraciones específicas que determine la comisión reguladora, siendo esta última modificación la que supuestamente más reparos y cuestionamientos tendría en la mayoría de las empresas.   
Las “nuevas” reglas se quieren plantear como un cambio de paradigma respecto de los 90’s. Lo único que cambia es el mecanismo formal por el cual se debería realizar la regulación económica. Sin embargo, no cambiaría sustancialmente en relación a lo que se vino haciendo desde 2002 a la fecha período en el cual, la ley 24.065 tuvo en los hechos un “by pass” legal fruto de las sucesivas prórrogas de la ley de emergencia económica (Nº25.561). Prueba de ello son las nunca concretadas Revisiones Tarifarias Integrales en gas y electricidad y el uso y abuso de mecanismos ad-hoc para financiar algunos desequilibrios del sistema. 
En particular, y sobre la base de los anuncios públicos, el cambio del mecanismo formal de regulación -de las etapas que son consideradas monopolios naturales como la distribución y el transporte- consistiría en pasar desde un régimen de precios máximos (conocido popularmente en la jerga por su nombre en inglés: “Price-Cap”) a uno de tasa de retorno (“Rate of Return” o “Cost-Plus”). El Box 1 explica las principales diferencias teóricas entre ambos regímenes regulatorios. 

Box 1. Diferencias entre mecanismos regulatorios
Precios Máximos (Price-Cap):              
    Tt = Tt-1*(RPI-X)
Siendo:
Tt: la tarifa inicial determinada mediante un mecanismo de costo de servicio o tasa de retorno.
RPI: (Retail Price Index) un índice de precios, generalmente de un país con moneda fuerte para mantener la riqueza en términos reales a los inversores.
X: el factor de eficiencia que descuenta de la tarifa en función de la productividad esperada de la industria y del grado de eficiencia relativa de la empresa.

La idea central es que partiendo de que los ingresos totales cubran los costos totales (previo cálculo inicial del costo del servicio) se genere una disminución exógena de la tarifa –mediante una revisión tarifaria periódica, generalmente cada 4 o 5 años- fundada en los incrementos esperados de productividad de la industria y la eficiencia relativa de cada empresa (en la forma de premios y castigos).

Ventajas: incentivo a la minimización de costos y ganancias de eficiencia productiva potencialmente trasladables en menor tarifa al usuario.

Desventajas: mayor costo de capital propio por mayor riesgo empresario.


Tarea central del regulador: auditar calidad del servicio.
Tasa de Retorno (Cost-Plus o Rate of Return):
     T = (w.L + r.K + Dk + t) / Q
Siendo:
T: la tarifa necesaria para cubrir todos los costos del servicio, incluida la remuneración “justa y razonable” determinada por el regulador sobre la base de capital.
Q: La cantidad demandada del servicio.
w.L: los costos laborales.
Dk: las amortizaciones del capital.
t: los impuestos.
K: la Base de Capital Regulada.
r: la tasa de retorno “justa y razonable” definida por el regulador.

La idea central es que los ingresos totales cubran los costos totales, incluyendo estos últimos una tasa “justa y razonable” que remunere el uso del capital propio en la industria específica.





Ventajas: menor costo de capital propio por menor riesgo empresario (Ingresos siempre cubren costos), potencialmente trasladable en menor tarifa al usuario.

Desventajas: no minimización de costos (efecto Averch-Johnson), con uso sesgado hacia el capital.

Tarea central del regulador: auditar costos.
Fuente: elaboración propia.

El mecanismo de regulación por tasa de retorno remunera los costos operativos (salariales, insumos, etc.) más una tasa de rentabilidad “justa y razonable” sobre el capital utilizado en la prestación del servicio. Este régimen regulatorio posee problemas teóricos comprobados en la práctica como el efecto Averch-Johnson y la consiguiente pérdida de eficiencia productiva, junto a alguna ventaja en cuanto a la baja del costo de capital. Lo que seguirá incomodando a las autoridades es que la tasa de rentabilidad “justa y razonable” (la que obtendría el mismo capital en similar uso a niveles similares de riesgo) necesariamente requiere mayores ingresos para las empresas que, en algún caso, no cubren siquiera los costos operativos.
Pero la cuestión de fondo es: ¿Cómo harán esas mismas empresas para lograr seguir prestando los servicios y realizar las inversiones necesarias para no tener una “tragedia de once” eléctrica? No quedan muchas alternativas, mal que les pese a los románticos, o bien aumentar las tarifas o bien subsidiarlas con cargo a rentas generales (es decir, a solventarse con impuestos o deuda).
 Ha sido esbozada una tercera alternativa en las reuniones de las autoridades con empresas del sector que consistiría en compensar los beneficios en toda la cadena a nivel vertical (generación, transmisión y distribución) con subsidios cruzados. Ello simplemente sería transformar un mal de pocos en un mal de muchos. Técnicamente, lo único que lograría sería motivar un brutal proceso de fusiones y adquisiciones y deprimir aún más la inversión en las etapas que sobreviven con algún grado de rentabilidad mínimo.  
Ese mayor incentivo (un mero eufemismo en este contexto) a la integración vertical de las empresas,  surgiría si se lleva adelante la obligación de cada empresa de realizar subsidios cruzados entre las distintas etapas de la industria en la que está presente. Un interrogante surge al respecto sobre la futura situación de una firma que esté en una sola de las etapas de la industria como la distribución eléctrica o el transporte y al mismo tiempo esté “sobreviviendo” sin poder cubrir todos sus costos. Como se señaló antes, quizá la idea de las autoridades sea forzar una reestructuración en la industria eléctrica para eliminar todo vestigio de competencia en las etapas aún potencialmente competitivas como la generación.
Una menor tasa de rentabilidad, sumada al riesgo regulatorio y político, motivará poco apetito por arriesgar capital en una empresa de tal magnitud donde los costos fijos relacionados a las inversiones son hundidos (una vez efectuados tienen bajo valor de recupero). Si no hay capital privado que invierta en la industria eléctrica, las inversiones deberán entonces correr por cuenta del Estado. Y el Estado, en definitiva no es la tierra de Jauja donde los recursos son ilimitados. Aquellos son escasos y deben asignarse entre fines alternativos.
Por último, debe destacarse que el mecanismo de tasa de retorno para el sector eléctrico está internacionalmente en retirada y no se aplica ni en Brasil, ni en Uruguay (con distribuidora de electricidad pública), ni en Chile, ni en la mayoría de los países de Europa, ni en Australia. Finalmente, en Estados Unidos, donde el mecanismo surgió, está siendo reemplazado en numerosos Estados por el sistema de precios máximos o algún mecanismo híbrido con menor discrecionalidad.
Parece que quienes diseñan e instrumentan la política energética y de regulación de servicios públicos en Argentina, como en el cuento del genial Fontanarrosa, piensan que “el mundo ha vivido equivocado”. 


jueves, 26 de diciembre de 2013

Crisis eléctrica: el futuro ya llegó!


Lic. Mauricio E. Roitman
Montamat & Asociados

Estas llamando a un gato con silbidos
el futuro ya llegó!
Llegó como vos no lo esperabas.
Todo un palo, ya lo ves
                  “Todo un palo” (Solari - Beilinson)

Las cosas se hicieron mal en materia eléctrica, los hechos son irrefutables. Y los resultados no fueron los esperados por la gran mayoría de los que durante años creyeron que se podía tener un servicio eléctrico eficiente y abundante pagando tarifas que no cubrían ni los costos de generación, ni los de transporte ni los de distribución. Está claro ahora que, como reza la canción de Los Redonditos de Ricota citada al comienzo “el futuro llegó” y nada bueno trajo con él. ¿Deberíamos sorprendernos?

Quizá el lego se sorprenderá. Pero casi nadie con un mínimo de conocimiento técnico del sector eléctrico podrá aducir sorpresa. Hasta me animaría a calificar a esta crisis como la “crónica de los cortes anunciados”.

Para dimensionar el problema actual, se señala que los cortes llegaron en el primer pico de la crisis, el día martes 17 de diciembre a 75.600 hogares sin electricidad. 60.700 Edesur, 11.400 Edenor y 3.500 Edelap. En los días siguientes se llegó, según cifras extraoficiales, a más de 100.000 usuarios sin servicio.

¿Cuáles son las razones del problema actual?

 1º) Al incrementarse la temperatura y por ende la demanda, se supera la capacidad térmica de las líneas y de la potencia instalada de los transformadores, principalmente en los barrios con instalaciones más antiguas de CABA y GBA. En términos hogareños, el problema es análogo a cuando se enchufa en una sola “zapatilla” más y más artefactos eléctricos. Llega un punto donde, o bien se agranda la sección del cable de aquella, o nos arriesgamos a que el calor destruya ese conductor.

2º) Tarifas en distribución, generación y transporte que no cubren los costos.

Para muestra, sobra un botón: el año pasado se creó por Resolución ENRE 347/2012 un cargo fijo denominado “Monto Fijo para inversiones en infraestructura y mantenimiento” que autorizó a EDENOR y EDESUR a aplicar un monto fijo diferenciado por cada una de las distintas categorías de usuarios. Lo recaudado formó un fideicomiso con el cual no solo las empresas, sobre la base de criterios estrictamente técnicos, sino el gobierno y los intendentes del GBA, definen las inversiones.

En 2013 el costo de generación de energía fue de $828,69 MWh (era $360 en 2008, pero acá no hay inflación) mientras que el precio mayorista autorizado por CAMMESA mediante un sistema que supone oferta suficiente de gas para generación, vaya a saber uno el porqué, es de $120 MWh. El resto se cubre con subsidios (Cercanos a los 80.000 millones de pesos en 2013 para el sector energético). Esa es una de las razones por las cuales ningún privado invierte en generación. Nadie quiere ser rehén de los subsidios del Estado. Desde el 2003, la inversión en generación eléctrica fue casi exclusivamente estatal o privada “compulsiva”. Desde 2007 a 2012 se incorporaron 7.623MW mientras que en 2013 solo 101,6MW. Ahí comienzan a aparecer los problemas que produce el creciente déficit fiscal sobre las inversiones en el sector eléctrico.

Según el Observatorio Económico del IAE “Gral. Mosconi”, se observa que en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 las empresas Edesur, Edenor y Edelap (ahora bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires) tuvieron resultados negativos, a valor constante. En 2013, hubo una mejora “cosmética” de los resultados de Edenor y Edesur como consecuencia de la Res. SE Nº 250/13 (Mecanismo de Monitoreo de Costos) para el período 2007-2013. Por dicha resolución, se le reconocieron como ingresos 2.212,6 millones de pesos a EDENOR y 2.025,9 millones de pesos a EDESUR, en el 2do trimestre del año 2013 al solo efecto contable de evitar que tengan patrimonio netos negativos. Ese reconocimiento no mejoró la caja de las compañías para realizar tareas operativas de mantenimiento e inversiones.

3º) Generación al límite, casi sin reserva de potencia, con crecimiento de la demanda acelerado, y casi sin incorporación de nuevo parque generador en 2013. Algunos detalles dan cuenta de la característica de la situación:

El martes 17 de diciembre del corriente se produjo un récord de demanda de potencia con 23.794 MW a las 14:20hs con una temperatura promedio en GBA y Litoral de 35,5ºC, una reserva rotante de 800MW y una reserva térmica de 62 MW. Ello es una muestra de la fragilidad del sistema. Si ese día hubiera salido de funcionamiento una central importante o una línea de transporte de alta tensión hubiera sufrido un inconveniente, podría haberse producido un apagón generalizado.

En lo que hace al parque generador propiamente dicho, Central Puerto no está a plena capacidad por retrasos en trabajos de mantenimientos, la central nuclear Embalse trabaja a menor régimen para no "gastar" el plazo que dio la IAEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica) de 180 días para que salga de servicio mientras que Atucha II (que iba a compensar la salida de Embalse) no entra este año a generar porque tuvo fallas en las primeras pruebas y con mucha suerte entrará en funcionamiento en el segundo semestre de 2014, con más de dos años de atraso. Podría denominarlo, la “planificación sin plan”.

4º) Deterioro institucional del organismo de control (ENRE) e incumplimiento de acuerdos.

El ENRE pose nombrados tres de los cinco directores que debería tener, ninguno de los cuales fue seleccionado por concurso como marca la ley. En los últimos años el ENRE vivió un creciente proceso de politización y con la consiguiente pérdida de relevancia en las decisiones de sus valiosísimos cuadros técnicos.

Asimismo, la ley de emergencia económica Nº25.561 continua vigente (fue prorrogada nuevamente por Ley Nº26.896 hasta el 31/12/2015) y permite al gobierno continuar “renegociando” los términos contractuales y tarifarios de los contratos con las empresas distribuidoras. Ello pone en duda la aplicación del marco regulatorio impuesto por la ley 24.065 mientras esa incertidumbre contractual esté vigente. En simples palabras, todo acuerdo entre el gobierno y las empresas de distribución fue y es un arreglo ad-hoc con resoluciones que intentaron compensar de algún modo la no realización de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que el marco regulatorio exigía. Como las empresas tenían patrimonios netos y resultados negativos (Edenor, Edesur y Edelap) y fueron compensadas parcialmente con subsidios, sería un contrasentido “multarlas” para que deban pedir más subsidios para la operación o para el pago de las multas.   

La propia Edesur, hoy virtualmente intervenida por el gobierno nacional, en su Memoria y Balance 2012 decía: La Resolución ENRE Nº324/08 constituyó, además, el final del congelamiento de tarifas que regían desde 2002, para los clientes residenciales de más altos consumos. No obstante, el ENRE ha omitido hasta la fecha destinar semestralmente al servicio los aumentos de la tarifa que se correspondieran con las variaciones sustanciales que desde 2007 se dan en los costos de EDESUR” (P. 7)

5º) Deterioro de la calidad del servicio

Con el crecimiento de la generación térmica y del consumo de combustibles líquidos, también creció la ineficiencia del parque térmico global. Esta observación se desprende del indicador CESPE (consumo específico medio) que mide la relación, kilocaloría por kilowatt hora generado, y es un indicador de la eficiencia en el uso de combustibles para la generación. Hacia fines del año 2001 el CESPE rondaba los 1.600 kcal/kWh, en la actualidad se encuentra en 2.000 kcal/kWh promedio. Ello impacta directamente sobre el incremento del costo de generación. Por su parte, la indisponibilidad del parque térmico pasó de 26,8% en 2011, 26% en 2012 a 29,4% en 2013. Para dar una referencia, en 1993 era de 41,2%, 23,2% en 1997 y 21,7% en 2002.

Los cortes del servicio eléctrico se incrementaron 25% entre 2008 y 2013. En 2008 las interrupciones del servicio fueron 5,71 siendo en promedio de 13 horas, mientras que en 2013 aumentaron a 7,13 con un promedio de 26 horas. Demás está decir que estos datos dejaron de publicarse en el ENRE desde hace tiempo.

Un análisis contrafáctico

Otra forma de encarar la discusión “problemas de generación versus problemas de distribución” que se está planteando es mediante el análisis contrafáctico.

Si no hubiera cortes “preventivos” por saturación de las redes de distribución, la demanda de potencia hubiera crecido más y como no hay reserva de potencia se cortaría el servicio por insuficiencia de generación.

Si se aumentaran tarifas el gasto en subsidios sería mucho menor, la demanda residencial no crecería tan abruptamente y el impacto en las economías hogareñas no sería de una magnitud tan importante  por efecto de incentivos a la eficiencia energética (compra de artefactos más eficientes y elasticidad precio de la  demanda). El gasto de los hogares en electricidad (11%) y gas (7%) es mucho menor a transporte (60%) pero el gasto fiscal en subsidios es 36% y 29% respectivamente para los dos primeros.

En 2013 el costo de generación de energía fue de $828,69 MWh ($360 en 2008…pero acá no hay inflación) mientras que el precio mayorista autorizado por CAMMESA es de $120 MWh. Este incremento del costo de la generación tiene dos componentes: inflación e ineficiencia cada vez mayor del parque generador (por menor eficiencia de máquinas incorporadas y/o mayor uso de combustibles líquidos más caros, como se explicó anteriormente). Ese mismo incremento, pega en las finanzas de las empresas distribuidoras, haciendo que, aún en provincias con tarifas más altas (Córdoba y Santa  Fe) aquellas tengan problemas para hacer las inversiones necesarias para sostener el crecimiento de la demanda. 

¿El responsable es el gobierno o las empresas distribuidoras?

Ambos. Pero el responsable final y principal es el gobierno en cuánto autoridad concedente del servicio, regulador del mismo y gerenciador de facto del mercado mayorista a través de CAMMESA.

Muchos abogan en la coyuntura por soluciones mágicas como la estatización de las distribuidoras. Sin embargo, no parece haber aquí un problema de malos incentivos por ser los operadores privados. Un contraejemplo es AYSA, la prestadora de agua potable y cloacas de CABA y GBA que fue quitada de las manos de una empresa privada el 21 de marzo de 2006 y actualmente es gestionada por el sindicato del sector. ¿Cuál fue el resultado? La tarifa de la empresa cubre menos del 20% de los costos operativos mientras que al mismo tiempo recibe una cifra cercana a los 6.000 millones de pesos anuales de subsidio. En otros términos, $284 por mes para cada una de las 1.761.854 conexiones de agua que posee. Es decir, implícitamente (mediante mayor presión impositiva) estamos pagando una factura de agua varias veces que la que recibimos en forma explícita por el servicio.

Perspectivas y posibles caminos de solución

El problema se va a extender a todos los días de calor hasta año nuevo. En enero y febrero podrá mejorar gradualmente la situación de emergencia en la zona metropolitana de Buenos Aires pero los problemas se trasladarán a la costa atlántica, con inconvenientes propios en materia de transporte y distribución. 

En CAMMESA existe preocupación sobre la situación futura en marzo y en el invierno próximo en CABA y GBA.

En definitiva, es la falla de un sistema al que llevaron al límite de fragilidad por la falta de inversión y de incentivos correctos en generación, transporte y distribución. 

Las soluciones pasan por hacer cumplir el marco regulatorio existente, en términos de exigencias de calidad del servicio e inversiones, pero también en corregir los desfasajes tarifarios, con mecanismos de tarifa social.
Una política adicional y de primer orden es la de eficiencia energética, una parte inducida por tarifas más elevadas pero otra parte por obligaciones de estándares como los etiquetados de electrodomésticos con requisitos mínimos para su venta en el mercado.

Otras alternativas son las tarifas horarias (variables entre picos y valles) para el usuario residencial pero implica el cambio de medidores. La generación distribuida (por ejemplo con paneles solares edificios) es un camino que debemos transitar gradualmente con cambios en la legislación nacional y local.

Adicionalmente, el uso de energía solar-térmica (calefones solares) y las modificaciones al código de edificación para que las construcciones nuevas posean mejores asilamientos térmicos también pueden contribuir marginalmente, entre muchas otras medidas urgentes de ahorro en todo el sector energético y de transporte (consumidor de combustibles líquidos).

A corto plazo, el manejo de la demanda con precios e incentivos será clave para mitigar la crisis hasta que las correcciones de política energética de largo plazo puedan incrementar la oferta de energía. 


Eso sí, siempre y cuando no sigamos llamando al gato con silbidos.